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Ha sido a través de la Sentencia nº 63/2020 dictada el pasado 10 de febrero por la Audiencia Provincial de Salamanca.

El Tribunal impone una multa a la entidad Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), por desatender la reclamación extrajudicial de sus clientes, que habían solicitado la devolución de los gastos hipotecarios que el banco les había cobrado indebidamente al momento de su formalización, siguiendo el criterio de las diferentes resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo en el mes de enero de 2019.

La reclamación se interpuso, tal y como recoge la sentencia, tras los reiterados pronunciamientos del Tribunal Supremo, y el banco contestó denegando dicha devolución, ya en el mes de marzo 2019. Indica la resolución, que los servicios jurídicos de la entidad demandada eran sobradamente conocedores de la doctrina establecido por el Tribunal Supremo dos meses antes, y aún así obligaron a los clientes de la entidad a iniciar un proceso judicial, sabiendo que éstos tenían razón.

Entiende la Audiencia Provincial, que el banco ha actuado con temeridad, desoyendo con aquel comportamiento la doctrina de nuestro Alto Tribunal, que amparaba a los consumidores. El Juzgado de Primera Instancia había condenado en costas a la entidad por no atender la reclamación previa de los clientes. El banco interpuso entonces recurso de apelación solicitando la no imposición de la condena en costas.

La Audiencia Provincial, que confirmaba aquella condena en costas de la primera instancia, considera que “el comportamiento observado por la representación y defensa de la entidad es manifiestamente contrario a lo establecido en el artículo 11 LOPJ que establece que en todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe”.

La sentencia impone por ello una sanción al banco, que podrá oscilar de 180 a 6.000 euros atendiendo al principio de proporcionalidad, por los perjuicios causados tanto a los consumidores como a la Administración de Justicia, añadiendo: “En el presente caso la entidad financiera pudo muy bien, una vez recibida la reclamación previa, conociendo, como conocía, la doctrina del Tribunal Supremo, en primer lugar, por tratarse de un criterio jurisprudencial establecido de forma clara por el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y, en segundo lugar, por haber sido parte en uno de los recursos de casación y conocer el valor de la jurisprudencia, atender la concreta reclamación de sus clientes relativa a la cláusula de gastos, sin dar lugar a un procedimiento judicial más ante el juzgado especializado en la materia, absolutamente colapsado, pero, lo que en ningún modo es de recibo es que, advertida suficientemente por la juez de instancia de la mala fe observada, se atreva a provocar una nueva actuación jurisdiccional recurriendo en apelación la sentencia dictada.”

Así mismo el Tribunal recoge en su sentencia que la entidad “falsea la información que da a sus clientes” y condena al banco al pago de las costas procesales causadas en el recurso de apelación.

Este criterio de imposición de multas a las entidades financieras que obligan a sus clientes a iniciar un procedimiento judicial por negarse a devolver a los consumidores lo que en derecho les pertenece, por ejemplo las conocidas cláusulas suelo o los gastos hipotecarios, cuya doctrina es clara y está ya sentada por el Tribunal Supremo, podría verse incrementado a partir del cese del actual estado de alarma provocado por la crisis sanitaria del COVID19, y ello porque la saturación actual de los órganos judiciales, sumado al cese de su actividad durante este tiempo, aconsejan que, para evitar el colapso de la justicia, se disminuyan los pleitos judiciales que pueden resolverse perfectamente en la vía extrajudicial y de manera amistosa, como ocurre con las reclamaciones de este tipo a los bancos, negándose estos últimos en un alto porcentaje a atender las peticiones de sus clientes.


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