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El pasado 5 de enero ha entrado en vigor la triple reforma que introduce la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales.

Anterior a esta reforma el Código Civil confería a los animales el estatuto jurídico de cosas, en concreto la condición de bienes muebles. Paradójicamente el Código Penal ya distinguía entre los daños a los animales domésticos y a las cosas desde el 2003, cuestión que profundizó con la reforma de 2015 mientras que el Código Civil se quedaba atrás sin reconocer que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad.

La reforma afecta, en primer lugar, al Código Civil, con vistas a sentar el importante principio de que la naturaleza de los animales es distinta de la naturaleza de las cosas o bienes, principio que ha de presidir la interpretación de todo el ordenamiento.

De este modo, los animales están sometidos solo parcialmente al régimen jurídico de los bienes o cosas, en la medida en que no existan normas destinadas especialmente a regular las relaciones jurídicas en las que puedan estar implicados animales, y siempre que dicho régimen jurídico de los bienes sea compatible con su naturaleza de ser vivo dotado de sensibilidad y con el conjunto de disposiciones destinadas a su protección. A partir de esta premisa, la reforma adecua las tradicionales nociones de ocupación, hallazgo, frutos naturales, responsabilidad por daños y vicios ocultos, a los animales.

Con la entrada en vigor la norma se busca responder a situaciones como divorcios y separaciones que, tras su ruptura deciden seguir compartiendo el cuidado de su mascota, por lo que a partir de ahora se garantiza la protección del animal. En este respecto la nueva ley sienta los criterios sobre los que los tribunales deben tomar la decisión de a quién entregar el cuidado de la mascota atendiendo siempre a su bienestar.

Finalmente resulta interesante señalar que se introduce la posibilidad de indemnización del daño moral en caso de que una lesión a un animal de compañía provoque su muerte o un menoscabo grave de su salud.


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