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El Tribunal Supremo equipara las mensualidades de la vivienda a la manutención de los hijos y condena al acusado a tres meses de prisión por abandono de familia, por no abonar a su ex los 1.200 euros al mes de la casa. Así lo ha establecido la Sentencia 348/2020, de 25 de junio, dictada por el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Uno de los principales conflictos en los procesos de medidas paternofiliales es la asignación del domicilio familiar, y es que su uso y disfrute normalmente se atribuye a los hijos menores, y en consecuencia, al progenitor custodio, debiendo el cónyuge desalojado, no solo pagar el alquiler o la compra de una nueva vivienda, sino que además, tiene que seguir abonando las cuotas de la hipoteca de la vivienda que compartía con su expareja.

Por este motivo, en muchas ocasiones se solicita la custodia compartida, para impedir que el otro progenitor se quede de manera exclusiva en el uso y disfrute de la vivienda.

En este contexto, el Tribunal Supremo ha dictado una relevante sentencia que supone un aviso importante para aquellos padres y madres divorciados que dejen de pagar la hipoteca tras abandonar el domicilio familiar, adoptando una actitud conflictiva. Según la resolución, las mensualidades de la vivienda son equiparables a la manutención de los hijos, es decir, a los alimentos que debe prestar el progenitor no custodio, por lo que no ingresarlas puede suponer un delito de abandono de familia, contemplado en el artículo 227 del Código Penal:

  1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o de sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.
  2. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado anterior.
  3. La reparación del daño proceden del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas.

En el litigio se juzgaba a un hombre que tras divorciarse de su mujer con la que tenía dos hijos menores, jamás cumplió con la obligación de abonar los 1.200 euros de la hipoteca que compartían, a pesar de haber quedado así fijado en el procedimiento de divorcio desde el año 2014. Se había iniciado además un proceso de ejecución hipotecaria, puesto que la mujer tampoco había abonado por completo su parte de la cuota. En la sentencia de divorcio quedó recogido que su "capacidad económica era suficiente".

El acusado llevó el caso al Tribunal Supremo tras ser condenado en primera y segunda instancia, alegando que las cuotas hipotecarias no son alimentos de los hijos, sino que se trata de una carga del matrimonio. Argumento que ha rechazado el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, recordando que el artículo 227 del Código Penal no distingue entre ambos conceptos, refiriéndose únicamente a “cualquier tipo de prestación económica”.

Los magistrados añaden que en cualquier caso cubre “una necesidad básica de los hijos”, a los que les fue asignado el domicilio, y que “la finalidad que cumplía la adjudicación de la vivienda familiar era la de asegurar cobijo a los hijos, como interés más necesitado de protección, integrándose de esta manera en el concepto de alimentos”.

El Tribunal concluye que “debe estimarse que las cuotas hipotecarias constituyen una prestación económica en su sentido legal y gramatical, a cargo de ambos progenitores, con independencia de su carga del matrimonio o como deuda de la sociedad de gananciales”, y condena al acusado a tres meses de prisión por el delito de abandono familiar, confirmando la sentencia que había sido recurrida, y además le impone el abono de una indemnización a su exmujer por las cantidades no ingresadas.

Lo relevante de esta sentencia recae en la consideración de las cuotas hipotecarias como prestación económica, y por tanto integrada como obligación en la prestación de alimentos para hijos. Hasta el momento, la jurisprudencia del Tribunal Supremo consideraba las cuotas hipotecarias como deuda ganancial, lo que en la práctica se resuelve con la liquidación de los bienes gananciales, y no se consideraba como parte de la obligación de alimentos. Este giro jurisprudencial supone considerar la vivienda como esencial y como necesidad básica para los hijos o cónyuges, al igual que los alimentos, y considerar que el pago de las cuotas son esenciales para el mantenimiento de la vivienda familiar, y que ello puede evitar desahucios futuros.

https://elpais.com/economia/2020/09/29/mis_derechos/1601386419_106790.html

https://caescooperativa.es/2020/07/impago-de-hipoteca-y-delito-de-abando...


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