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Así lo expresa el portal “diariojurídico.com”, al afirmar que pueden tardar más de un año en emitir sus informes, según se desprende de la última encuesta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA). Además añade que esta circunstancia resulta “extremadamente grave”, puesto que los informes de estos profesionales resultan decisivos a la hora de determinar las medidas a establecer en los procedimientos de familia.
La misma Asociación asegura en su estudio que los divorcios sin acuerdo tardan en resolverse más de tres años y medio en tribunales no especializados, tramitándose un año y medio antes en los órganos judiciales especializados y reduciéndose además el riesgo de violencia entre padres e hijos.
La función de los psicólogos y trabajadores sociales de los juzgados consiste en dar apoyo técnico a la labor de los jueces, informando sobre las capacidades parentales de los progenitores, la idoneidad del modelo de guarda y custodia, régimen de visitas y comunicación.
El informe de la AEAFA destaca, tras realizar una encuesta a sus abogados especializados en procesos de familia, la valoración tan negativa que refieren de estos servicios. El 45% de los encuestados califica esta actividad como deficiente o muy deficiente, un 40% como regular, y solo un 15% manifiesta estar satisfecho con su labor.
Tanto los letrados como el propio Defensor del Pueblo han destacado entre los aspectos deficitarios de esta práctica los siguientes:
• Falta de especialización de los profesionales.
• Ausencia de protocolos técnicos unificados.
• Escasez de medios.
La demora en la elaboración de los informes de los equipos psicosociales en el tiempo conlleva un grave perjuicio personal a las partes del proceso. Según el estudio de la asociación, el 60% de los casos supera los seis meses, pudiendo tardar incluso más de un año en tres de cada diez peritajes. Solamente un 34% de los informes se realizan dentro del plazo de seis meses.
Tanto la presidenta de la AEAFA, María Dolores Lozano, como el Defensor del Pueblo Andaluz, advierten que la tardanza en resolver el modo de relacionarse con los hijos tras la ruptura de la pareja incide negativamente en las ya complicadas relaciones familiares, ocasionando perjuicios a la ciudadanía, aumentando el sufrimiento de las familias en conflicto, y todo ello ocasionado por la “grave disfunción de nuestro sistema”.
Por su lado, el Defensor del Pueblo de España, respecto de la falta de protocolos específicos e instrumentos de evaluación psicométrica apropiados para examinar a los integrantes de una familia, indica, según recoge la publicación del portal “diariojurídico.com”: “Los protocolos deben incluir el número mínimo de personas que deben formar cada equipo psicosocial, cuál debe ser su formación teórica y su contribución al informe, así como los criterios y metodología de la evaluación psicosocial pericial y de la elaboración del informe final. Debería detallar el número y duración de las entrevistas, los plazos en los que se debe elaborar la pericia, la obligatoriedad de la firma de los profesionales que intervienen, la estructura del informe y la descripción de las pruebas realizadas, documentos utilizados y fundamentos en los que se basa el informe, entre otras cuestiones”.
Según la presidenta de la AEAFA, estos protocolos se estarían obviando a pesar de que los informes de los equipos técnicos resultan determinantes en las decisiones que han de tomar los jueces sobre la guardia y custodia de los hijos menores y el régimen de visitas tras un divorcio, y es que más del 91% de los profesionales encuestados, afirma que tales informes influyen “mucho” y son “determinantes” en el resultado del procedimiento.
A ello también hay que sumar el aumento de la litigiosidad y la conflictividad judicial de las familias, la complejidad técnica de tales conflictos y el amplio abanico de disciplinas sociales que influyen en los procesos de familia, ante una ausencia de regulación específica y común de estos profesionales que pertenecen a los equipos psicosociales.
Desde la AEAFA reclaman la creación de la Jurisdicción especializada en Personas, Menores y Familia, regulando las pruebas selectivas de especialización de jueces, magistrados, fiscales y equipos técnicos, igual que existe la Jurisdicción Mercantil, pues su presidenta se pregunta: "Cuando tengo una enfermedad del corazón no voy al podólogo, voy al cardiólogo. Esto, trasladado al mundo del Derecho, es igual de importante. ¿Las familias son tan poco importantes para no tener juzgados especializados?"

Fuentes:
https://www.diariojuridico.com/los-equipos-psicosociales-de-los-juzgados...
https://www.aeafa.es/files/noticias/iobservatorioderechodefamilia.pdf
 


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